Ley 21.280 sobre Aplicación del Procedimiento de Tutela Laboral para Trabajadores/as Públicos/as

20 NOVIEMBRE, 2020
POR ALEJANDRA MIRANDA, ABOGADA Y ASESORA LEGAL DE ANFINE



¿En qué consiste?

La ley 21.280 es una ley que declara (en su art. 1°) que el procedimiento de tutela laboral (arts. 485 y ss. Del Código del Trabajo), contenido en el Código del Trabajo, es aplicable a los funcionarios públicos. El procedimiento de tutela laboral, a grandes rasgos, es un procedimiento especial ante la justicia laboral, que si bien se rige por el procedimiento de aplicación general (demanda y contestación de la demanda escrita, una audiencia preparatoria y otra de juicio), contiene normas especiales que lo hacen único, desde las materias a tratar (sólo protección de derechos fundamentales) hasta forma en que el juez debe valorar la prueba, a través de indicios suficientes que den cuenta de la vulneración de dichos derechos.

La denuncia (demanda) de tutela laboral:

- Se interpone por los trabajadores/as que, durante el transcurso de la relación laboral o a propósito de su despido, han sido vulnerados en derechos fundamentales. Específicamente se refiere a las vulneraciones al derecho a la vida e integridad física y psíquica; al acoso laboral y sexual; al no derecho a no ser discriminado por razones sexuales, políticas, morales, etc.; al derecho al honor, la honra y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas. También se entiende que hay vulneración a un derecho fundamental cuando el trabajador/a ha sido castigado/a por haber denunciado a su empleador (en el fondo, por represalias).

- La demanda se interpone dentro de los 60 días hábiles desde que han ocurrido los hechos vulneratorios o el despido, en su caso, y se hace ante el juzgado del trabajo que corresponda al domicilio del trabajador o del empleador, a elección del trabajador/a.


- La demanda también se puede iniciar por denuncia ante la inspección del trabajo e incluso si la inspección del trabajo constata una vulneración de derechos fundamentales, tiene la obligación de ponerla en conocimiento del tribunal.

¿Qué pasa si se logra acreditar en juicio la vulneración de derechos fundamentales?

Si se encuentra la relación estatutaria vigente (en el caso de los funcionarios públicos), el juez ordenará el cese inmediato de las vulneraciones, así como las medidas resarcitorias solicitadas por el funcionario.

Si la vulneración se ha provocado con ocasión del despido, el juez ordenará que cese la vulneración y ordenará el pago de una indemnización al trabajador/a afectado/a que oscila entre 6 y 11 remuneraciones mensuales, cuya fijación es facultad privativa del juez. En caso de que, además, el juez estime que se trató de un despido grave, entonces le entregará al trabajador la opción de recibir dicha indemnización o su reincorporación al servicio.

DIRECTORIO NACIONAL ANFINE

 



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